Tras la petición de información de Vox sobre los colegios públicos y concertados en los que se imparten charlas sobre el colectivo LGTBI, la plataforma ha solicitado a la Fiscalía General del Estado y a los Servicios Jurídicos del Estado la ilegalización del partido de Santiago Abascal, al amparo de la ley de partidos de 2002, que prohíbe a una formación atentar "de forma grave y reiterada" contra el régimen democrático de libertades o alimentar "el discurso de odio".
En concreto, citan el artículo 9 de la normativa que "persigue asegurar el respeto de los partidos a los principios democráticos y a los derechos humanos".
Para la Plataforma Trans, Vox está fomentando "una causa general" contra el colectivo LGTBi "por razón de su orientación e identidad sexual", un derecho protegido, remarcan, "por la Constitución, tratados internacionales adoptados por el estado español, así como por las legislaciones autonómicas vigentes".
La presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha defendido que las "reiteradas peticiones" sobre colectivos feministas, LGTBi o de trabajadores contra la violencia de género "son motivos más que suficientes para que se inicie el procedimiento de ilegalización".